“México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no está incorporando medidas que permitan tener un mejor control sobre los vehículos importados de segunda mano”, alertó Stehpen Perkins, del International Transport Forum en una reunión con Adriana Lobo, directora de CTS México y Ramiro Barrios, director de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y representantes de medios de comunicación.

En el marco del taller denominado comercio internacional de vehículos importados de segunda mano: diagnóstico y líneas de acción que organizó el CTS México, se efectuó una mesa de diálogo donde se plantearon diferentes asuntos concernientes a políticas públicas que permitan alcanzar en México un esquema de movilidad urbana realmente sustentable que permita que se controle la oferta de vehículos usados a la par que se desarrollen opciones de transporte público y no motorizado, ya que el costo de la inacción es demasiado alto por varios frentes en México: salud, economía, energía.

Durante el encuentro, el representante de la OCDE ofreció algunas cifras:
Este tipo de vehículos conforman el 41 % de la flota vehicular total en México, se trata de aproximadamente 7 millones éstos (contando solamente los de motor a gasolina), en su mayoría se trata de formatos como Pick-Ups y Vans, que tienen unos once años de “edad” en promedio y al poco más de 160 mil kilómetros recorridos.

“Estamos acá para encontrar junto a la gente del CTS y de las diferentes organizaciones que hemos estado trabajando en el marco de la Iniciativa Global de Economía Energética,- mediante la cual se plantea reducir a nivel mundial 50% de emisiones contaminantes al 2050- medidas que nos permitan vislumbrar la existencia de políticas públicas y medidas de control para el incremento e ingreso de vehículos importados de segunda mano en México”, planteó Perkins a la audiencia y opinó que reducir o eliminar impuestos al uso del auto es una medida que van en contra del medio ambiente, del uso del espacio público y que es completamente opuesto a lo que se ha hecho en otros países que han logrado mejorar su movilidad, reducir sus índices de contaminación y que hoy ofrecen una mayor calidad de vida a sus habitantes.

“En Europa hay incluso impuestos dobles al uso del auto, al momento de la compra, además de la tenencia vehicular. Es más, puede ser hasta triple, porque también se grava el uso de la vía y las carreteras”, expuso el experto internacional que convocó el CTS.

No se debe convertir un costo privado, en un precio social

Pese a las medidas anunciadas a finales del año pasado por el presidente de la república sobre la eliminación del impuesto a la tenencia vehicular para autos nuevos, medida que se ha seguido en otros estados y ciudades de la república como el Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Puebla, entre otros , Ramiro Barrios, director de Calidad del Aire de la Semarnat, expuso que la tenencia vehicular, aunque no detiene el crecimiento de la flota y la motorización si es la forma en la que el uso del auto paga las externalidades que provoca. En caso de eliminarla, comentó el funcionario, lo que se estaría haciendo es hacer de un costo privado un gasto público. “Quitar la tenencia desconoce al gasto privado y lo convierte en social”

La directora del CTS México, Adriana Lobo, expuso que el ingreso de vehículos importados de segunda mano tienen impacto negativo en lo económico, en el tema de la salud y, enfatizó en el tema de la accidentalidad.

Por su parte, Jorge Macías, gerente del área de Economía Ambiental del CTS y organizador de este encuentro con organizaciones como el Centro Mario Molina, la OCDE, Semarnat, entre otros, expuso que la eliminación del impuesto de la tenencia vehicular incentiva la compra y el uso del automóvil.

Concluyó Macías que tiene también que existir un compromiso de la sociedad civil y de las autoridades competentes, ya que dijo, “el costo de la inacción es demasiado alto, porque se compromete el sistema de movilidad, la seguridad energética, la salud y la calidad de vida de quienes habitan el país”.